Una valla azul bloquea la visión. Al otro lado un cadáver se extiende hacia el mar. Lo que durante largos años fue un lugar de paseo, descanso y esparcimiento para varias generaciones de limeños, agoniza bajo el rugido de pesada maquinaria. El tradicional Parque Salazar de Miraflores, ya no es más. Cae la tarde y se alargan las sombras. Ya no están las palmeras, ni los árboles que cobijaron el canto de las aves. El aroma de las flores es apenas un recuerdo. En el ayer quedó también esa pequeña poza de agua, espejo donde el sol se reflejaba, y sucumbió el monumento que recordaba la hazaña salvadora del inmortal aviador Alfredo Salazar Southwell.

Una importante y hermosa área verde pública se convertirá en un paso peatonal hacia una galería comercial, en azotea tanto de un inmenso parqueo de automóviles como de un hotel. Pese a las incesantes protestas del vecindario, a la opinión negativa de urbanistas y ambientalistas el parque... ¡Ay!, Sigue muriendo.

"En un creciente rompimiento con las tradiciones y los valores propios, la urbanización afiebrada de las grandes ciudades en Latinoamérica y en otras regiones tercermundistas, puede considerarse como un fenómeno socio-patológico y no como prueba de una creciente robustez de la economía y de la sociedad.

El urbanismo atropellado, que no es el resultado de un desarrollo orgánico respaldado por la productividad en otros campos -agrícola, industrial, tecnológico- no representa, por lo tanto, un proceso de auténtica culturización sino lo que la antropología social conoce como "Lehnkultur", una cultura prestada, del cemento y del acero, que está en drástica contradicción con las reales necesidades y posibilidades de muchos pueblos".

Estas lúcidas frases pertenecen al renombrado ambientalista venezolano Arturo Eichler, y caen "a pelito" cuando se trata de comprender lo que viene perpetrándose en Miraflores. El proyecto Larcomar, avalado por el alcalde de ese distrito, arrasará el Parque Salazar, la concha acústica aledaña y los reverdecidos acantilados de esta parte de Lima con vista al mar, para crear un híbrido turístico-comercial en el subsuelo. Una propuesta arquitectónica totalmente desvinculada de las necesidades reales de la ciudadanía, y desarticulada de lo que debiera ser el desarrollo armónico de una comuna alguna vez considerada ejemplo "ecológico".

ECOLOGICA PUÑALADA

Desde su inicio el proyecto Larcomar fue cuestionado. Expertos urbanistas, ambientalistas, vecinas y vecinos advirtieron sobre el impacto ambiental negativo que originaría esta "descabellada construcción", según la calificaron. Mayor congestionamiento vehicular, y por ende más ruido y contaminación; pérdida de un espacio público de recreación que vincula a las más distantes generaciones; destrucción del espíritu natural de los acantilados, que con tanto esfuerzo e inversión se lograron reverdecer hace pocos años; devastación de lo que se consideraba un circuito de belleza escénica y un verdadero "corredor ecológico" de parques que culmina en el malecón de Chorrillos, luego de cruzar el distrito de Barranco; Cambio de uso de un espacio público para otros fines... Estas fueron algunas de las preocupaciones que llevaron a un gran grupo de ciudadanos a organizarse en defensa de este rincón. El municipio, sin embargo, hizo oídos sordos a tan legítimos reclamos...

JUECES Y PARTES

Hace un par de semanas nuestra página de ecología hizo referencia a la vinculación de la consultora ambiental Ecotec s.a. -encargada de elaborar las evaluaciones del caso- a la constructora Graña y Montero, empresa que junto a Figari Arquitectos, Gessa y Copresa, conforman el Consorcio Larcomar s.a..

El doctor Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, entidad que ha revelado la serie de irregularidades de este proyecto, fue uno de los fundadores de Ecotec s.a. En carta dirigida a nuestro diario confirma la relación de la consultora con la referida constructora. Aclara, además, que actualmente él y el doctor Manuel Pulgar-Vidal, aludido en nuestra nota, están totalmente desvinculados de esa firma ambiental, y que la SPDA está en desacuerdo con el proyecto Larcomar.

Dice el doctor Caillaux: "...en razón de nuestras obligaciones particulares los socios fundadores transferimos el control y la propiedad de la empresa al grupo Graña y Montero que decidió incursionar en el sector de los servicios ambientales".

Manifiesta también: "...es evidente que nuestra posición es contraria al proyecto Larcomar no sólo por razones técnico-jurídicas sino fundamentalmente por una cuestión de principio: nuestras autoridades tienen que respetar con sus actos y con sus obras el ambiente en que vivimos, siendo su deber el de conservar los espacios naturales".

AUTORITARISMO EDIL

En los últimos días el doctor Carlos Chirinos Arrieta, del área de Defensa del Interés Ciudadano de la SPDA ha hecho de conocimiento público la posición de la institución que representa. El documento suscrito por Chirinos deja en claro una serie de vicios e irregularidades que parten de la autoridad municipal. Indica el experto abogado: "todas las disposiciones que autorizan la aprobación y ejecución del proyecto Larcomar han sido expedidas por el alcalde de Miraflores mediante resoluciones de Alcaldía, cuando por la naturaleza del acto de disposición y la magnitud de la obra, ésta requería no sólo el voto del alcalde sino de todo el Concejo Municipal... con lo cual se garantiza un debate participativo y se representa con mayor legitimidad el interés plural del vecindario".

En el segundo punto, Chirinos refiere que la obra ha sido autorizada "sin haberse aprobado previamente el Estudio de Impacto Ambiental por la autoridad competente". Informa que "no es la Municipalidad de Miraflores sino el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción", quien debiera aprobar dichos estudios.

El doctor Chirinos enfatiza: "Los alcaldes deben promover la protección y el respeto a la intangibilidad de las áreas verdes de su jurisdicción". Sostiene, además, que la "Municipalidad de Miraflores ha incumplido su obligación de informar y facilitar a la opinión pública el acceso a toda la información, donde destaca el Plan Maestro de la Costa Verde y el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Larcomar". El representante de la SPDA concluye: "En verdad el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Larcomar ha sido aprobado con absoluta prescindencia de las normas que rigen los procesos de este tipo de estudios en el país y en el mundo, lo que constituye tanto un vicio procesal como sustancial del otorgamiento del derecho de superficie en favor de la empresa Larcomar s.a.".

Pese a las protestas vecinales, la opinión contraria de ambientalistas y expertos y a la revelación de una serie de irregularidades... el parque sigue siendo desmembrado. ¿Hasta cuándo...? -MARTHA MEIER MIRO QUESADA