Fue en la decimoquinta asamblea general de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. “Deben darnos la oportunidad de buscar alternativas propias”, dijeron.

IQUITOS, 18

Los líderes indígenas reunidos en la décimo quinta asamblea general de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se pronunciaron en contra de la exploración y explotación de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria con fines petroleros. Manifestaron que se les debe dar la oportunidad de buscar alternativas propias para el territorio que habitan.

En la mencionada asamblea, que concluye el día sé mañana, están reunidas diversas comunidades de nuestra amazonía, tales como las Federaciones Cocamilla del Bajo Huallaga, los Shipibos del Ucayali, los Asháninka del Purús, los Achuar Chayat, los Yoni del Urubamba, entre otras.

Participan además, líderes y representantes de Bolivia y Colombia, así como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), representada por el dirigente aguaruna Evaristo Nukuag, recientemente galardonado con el premio Goldman al Medio Ambiente.

LORETANOS SE OPONEN A CONTRATO

En tanto, la población de Loreto vive tensa espera y a la vez realiza una serie de acciones en contra de la firma del contrato petrolero entre Petro-Perú y la Texas Crude.
La Contralora General de la República, Luz Aurea Sáenz y miembros de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados viajaron el viernes último a la zona de Pacaya Samiria, para conocer e informarse sobre los estragos que causarían las operaciones de exploración del crudo.

Según Decreto Supremo 008-91-EM-VME- del 5 de enero, se autorizó a Petro-Perú a firmar un contrato de exploración petrolera con la Texas Crude en el lote 6l que abarca casi la mitad de la más grande de las reservas nacionales del Perú: Pacaya Samiria. Esto fue hecho, pese a que según la legislación vigente, desde la promulgación del Código del Medio Ambiente, se prohíbe terminantemente el aprovechamiento y la utilización directa de recursos naturales no renovables dentro de las áreas protegidas.

La Contralora llegó para escuchar la opinión de los diversos sectores y para verificar in situ las zonas petroleras y la reserva nacional. Lamentablemente las autoridades del gobierno regional no pudieron entregar a la Contralora un plan de trabajo de hace varios años sobre un manejo adecuado de la reserva y que fuera elaborado por especialistas de Corepama.

El mismo día llegaron los diputados Díaz Palacios, Campana y Ramírez Alfaro, acompañados de la presidenta de la comisión, Lucila Shinzato, quienes se mostraron sumamente preocupados ante la posibilidad que la Contralora encuentre legal la suscripción del contrato.

COMPRUEBAN SECUELA DE DESTRUCCION

El grupo viajó a campamentos petroleros de la región para confirmar y ver de cerca la secuela de destrucción que dejan las actividades petroleras en el bosque húmedo tropical y sobrevolaron la zona de Pacaya Samiria.
"No sabemos -declaró el diputado Ramírez Alfaro- qué decisión tomará la Contralora esta vez; esperamos que el gobierno haya comprendido que no se puede seguir realizando convenios a puerta cerrada sin que haya una verdadera participación democrática".

La Contralora hizo también hincapié en este aspecto y dijo que es así como se debe trabajar "escuchando a los expertos y autoridades y por otro lado sin olvidar a los pobladores comunes. Los asuntos de gobierno deben hacerse a toda luz y facilitando información a los medios de comunicación para que a través de ellos se llegue a todos los sectores de la población. Los peruanos deben preocuparse más por conocer su territorio, su riqueza; probablemente este episodio haya servido para que muchas personas conozcan que hay una hermosísima reserva llamada Pacaya Samiria".

Los parlamentarios y la Contralora se reunieron en la sede del gobierno regional con las autoridades del citado organismo, representantes de la Iglesia y de organismos autónomos, los que expresaron su disconformidad y preocupación por el contrato con la Texas.

OPINAN LOS CIENTIFICOS

Entre las personas reunidas se encontraban representantes del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) así como expertos de la zona, entre ellos biólogos, ingenieros forestales y ecólogos. Ellos explicaron al detalle el impacto negativo y la secuela de destrucción que dejarían las actividades de la Texas en Pacaya Samiria.

El Dr. Roberto Pezo, experto en recursos hidrobiológicos, informó a la Contralora y a los diputados que, de los diversos estudios que él ha desarrollado en las zonas contaminadas por petróleo, comprobó que Pastococha quedó diezmado y era hoy un lago muerto, debido a la terrible contaminación del crudo. Informó que actualmente en Yanayacu, donde existe una batería de extracción de actividad, se puede ver claramente el deterioro ambiental.

EFECTOS DEL CRUDO SOBRE LOS CURSOS DE AGUA DE LA ZONA

Sobre los efectos del crudo en los cursos de agua de la zona, indicó que éste forma una capa sobre el agua que todo lo asfixia, afectando principalmente a los microorganismos que son base de la cadena alimenticia, lo que repercute en el resto de las especies. Precisó que ha comprobado que los peces de la zona contaminada tenían sabor a kerosene y que su consumo podía causar problemas de salud.

El ingeniero Beauzeville Zumaeta, director del IIAP, acotó que las altas temperaturas del petróleo, al ser extraído, literalmente "quema" la vegetación originando grandes pérdidas de áreas boscosas.
"Dentro de la reserva viven unas 20 mil personas y en los alrededores algo de 80 mil, todos ellos dependen directamente de los recursos de Pacaya Samiria para su alimentación y subsistencia"

La Contralora les sugirió que presenten una propuesta más adecuada para el manejo y explotación racional de la Reserva, añadiendo que evaluará y dictaminará sobre la legalidad del convenio y que de suscribirse se tratará que las actividades petroleras afecten lo menos posible la ecología, tomando en cuenta que las mismas partes interesadas aceptan en la cláusula XIV del contrato que: "debido a su propia naturaleza las operaciones van a causar consecuencias en el equilibrio ecológico de la zona y cierta contaminación en su medio ambiente".

Feliciano Rodríguez, jefe del Programa Regional de Pacaya Samiria explicó que "la selva peruana tiene una extensión de 74 millones de hectáreas de las cuales menos del 6 por ciento está bajo protección; resulta sumamente preocupante que se elijan áreas que el gobierno decidió preservar para el bien de las futuras generaciones del Perú. Deben las autoridades recordar que el artículo 119 de la Constitución obliga al gobierno a cuidar y preservar los recursos naturales. No tratamos de frenar el desarrollo de nuestra región y del país sino que se tomen decisiones más inteligentes. Pacaya Samiria con un poco de apoyo generaría muchos miles de millones de dólares más que las transitorias actividades petroleras".