| Fue
en la décimo quinta asamblea general de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. `Deben darnos
la oportunidad de buscar alternativas propias', dijeron.
Iquitos, 18
Los líderes indígenas reunidos en la décimo
quinta asamblea general de la Asociación Interétnica
de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se pronunciaron en contra
de la exploración y explotación de la Reserva Nacional
Pacaya-Samiria con fines petroleros. Manifestaron que se les debe
dar la oportunidad de buscar alternativas propias para el territorio
que habitan.
En la mencionada asamblea, que concluye el día se mañana,
están reunidas diversas comunidades de nuestra amazonía,
tales como las Federaciones Cocamilla del Bajo Huallaga, los Shipibos
del Ucayali, los Asháninka del Purús, los Achuar Chayat,
los Yoni del Urubamba, entre otras.
Participan además, líderes y representantes de Bolivia
y Colombia, así como la Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), representada
por el dirigente aguaruna Evaristo Nukuag, recientemente galardonado
con el premio Goldman al Medio Ambiente.
Loretanos se oponen a Contrato
En tanto, la población de Loreto vive tensa espera y a la
vez realiza una serie de acciones en contra de la firma del contrato
petrolero entre Petro-Perú y la Texas Crude.
La Contralora General de la República, Luz Aurea Sáenz
y miembros de la Comisión de Ecología de la Cámara
de Diputados viajaron el viernes último a la zona de Pacaya
Samiria, para conocer e informarse sobre los estragos que causarían
las operaciones de exploración del crudo.
Según Decreto Supremo 008-91-EM-VME- del 5 de enero, se
autorizó a Petro-Perú a firmar un contrato de exploración
petrolera con la Texas Crude en el lote 6l que abarca casi la mitad
de la más grande de las reservas nacionales del Perú:
Pacaya Samiria. Esto fue hecho, pese a que según la legislación
vigente, desde la promulgación del Código del Medio
Ambiente, se prohíbe terminantemente el aprovechamiento y
la utilización directa de recursos naturales no renovables
dentro de las áreas protegidas.
La Contralora llegó para escuchar la opinión de los
diversos sectores y para verificar in situ las zonas petroleras
y la reserva nacional. Lamentablemente las autoridades del gobierno
regional no pudieron entregar a la Contralora un plan de trabajo
de hace varios años sobre un manejo adecuado de la reserva
y que fuera elaborado por especialistas de Corepama.
El mismo día llegaron los diputados Díaz Palacios,
Campana y Ramírez Alfaro, acompañados de la presidenta
de la comisión, Lucila Shinzato, quienes se mostraron sumamente
preocupados ante la posibilidad que la Contralora encuentre legal
la suscripción del contrato.
Comprueban secuela de destrucción
El grupo viajó a campamentos petroleros de la región
para confirmar y ver de cerca la secuela de destrucción que
dejan las actividades petroleras en el bosque húmedo tropical
y sobrevolaron la zona de Pacaya Samiria.
"No sabemos -declaró el diputado Ramírez Alfaro-
qué decisión tomará la Contralora esta vez;
esperamos que el gobierno haya comprendido que no se puede seguir
realizando convenios a puerta cerrada sin que haya una verdadera
participación democrática".
La Contralora hizo también hincapié en este aspecto
y dijo que es así como se debe trabajar "escuchando
a los expertos y autoridades y por otro lado sin olvidar a los pobladores
comunes. Los asuntos de gobierno deben hacerse a toda luz y facilitando
información a los medios de comunicación para que
a través de ellos se llegue a todos los sectores de la población.
Los peruanos deben preocuparse más por conocer su territorio,
su riqueza; probablemente este episodio haya servido para que muchas
personas conozcan que hay una hermosísima reserva llamada
Pacaya Samiria".
Los parlamentarios y la Contralora se reunieron en la sede del
gobierno regional con las autoridades del citado organismo, representantes
de la Iglesia y de organismos autónomos, los que expresaron
su disconformidad y preocupación por el contrato con la Texas.
OPINAN LOS CIENTIFICOS
Entre las personas reunidas se encontraban representantes del Instituto
de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) así
como expertos de la zona, entre ellos biólogos, ingenieros
forestales y ecólogos. Ellos explicaron al detalle el impacto
negativo y la secuela de destrucción que dejarían
las actividades de la Texas en Pacaya Samiria.
El Dr. Roberto Pezo, experto en recursos hidrobiológicos,
informó a la Contralora y a los diputados que, de los diversos
estudios que él ha desarrollado en las zonas contaminadas
por petróleo, comprobó que Pastococha quedó
diezmado y era hoy un lago muerto, debido a la terrible contaminación
del crudo. Informó que actualmente en Yanayacu, donde existe
una batería de extracción de actividad, se puede ver
claramente el deterioro ambiental.
EFECTOS DEL CRUDO SOBRE LOS CURSOS DE AGUA DE LA ZONA
Sobre los efectos del crudo en los cursos de agua de la zona, indicó
que éste forma una capa sobre el agua que todo lo asfixia,
afectando principalmente a los microorganismos que son base de la
cadena alimenticia, lo que repercute en el resto de las especies.
Precisó que ha comprobado que los peces de la zona contaminada
tenían sabor a kerosene y que su consumo podía causar
problemas de salud.
El ingeniero Beauzeville Zumaeta, director del IIAP, acotó
que las altas temperaturas del petróleo, al ser extraído,
literalmente "quema" la vegetación originando grandes
pérdidas de áreas boscosas.
"Dentro de la reserva viven unas 20 mil personas y en los
alrededores algo de 80 mil, todos ellos dependen directamente de
los recursos de Pacaya Samiria para su alimentación y subsistencia"
La Contralora les sugirió que presenten una propuesta más
adecuada para el manejo y explotación racional de la Reserva,
añadiendo que evaluará y dictaminará sobre
la legalidad del convenio y que de suscribirse se tratará
que las actividades petroleras afecten lo menos posible la ecología,
tomando en cuenta que las mismas partes interesadas aceptan en la
cláusula XIV del contrato que: "debido a su propia naturaleza
las operaciones van a causar consecuencias en el equilibrio ecológico
de la zona y cierta contaminación en su medio ambiente".
Feliciano Rodríguez, jefe del Programa Regional de Pacaya
Samiria explicó que "la selva peruana tiene una extensión
de 74 millones de hectáreas de las cuales menos del 6 por
ciento está bajo protección; resulta sumamente preocupante
que se elijan áreas que el gobierno decidió preservar
para el bien de las futuras generaciones del Perú. Deben
las autoridades recordar que el artículo 119 de la Constitución
obliga al gobierno a cuidar y preservar los recursos naturales.
No tratamos de frenar el desarrollo de nuestra región y del
país sino que se tomen decisiones más inteligentes.
Pacaya Samiria con un poco de apoyo generaría muchos miles
de millones de dólares más que las transitorias actividades
petroleras".
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