Diversos sectores vienen abogando por la libertad de María Elena Foronda Farro, directora de la organización ecologista Natura de Chimbote. Foronda, en compañía del gerente de la mencionada institución, Oscar Díaz Barboza, fue detenida en setiembre del año pasado cuando se preparaba para viajar a Lima. El motivo de la visita a la capital era denunciar la crítica situación ambiental de Chimbote por la contaminación de la industria pesquera. Foronda y Díaz venían realizando serias denuncias sobre las irregularidades de esas empresas y la inacción de las autoridades respectivas. Sus campañas de educación ambiental y sus demandas, que recogían el sentir de la población chimbotana, habían calado hondo.

Fue entonces que un "arrepentido" los señaló como supuestos colaboradores del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Parlamentarios de las más diversas bancadas se han pronunciado, a lo largo de estos meses, a favor de los dos expertos en temas ambientales, cuya transparente y comprometida trayectoria son ampliamente conocidas.

El proceso que se les siguió estuvo plagado de vicios. Uno de los `jueces sin rostro', inclusive, se abstuvo de firmar el acta que los condenaba a largos años de prisión.

Según trascendió, la referida autoridad consideró que no habían pruebas concluyentes ni argumentos sólidos que los vincularan con grupos alzados en armas.

La versión de un "arrepentido", que después se retractó, no puede ni debe dar pie a una condena de esa índole. Así lo comprendió ese juez sin rostro.

No es la primera vez, bajo este régimen, que quienes denuncian los excesos cometidos en nombre de la `libre empresa', son privados de su libertad bajo falsa acusación de terrorismo.

Hace un par de años, campesinos y vecinos de San Ignacio (Jaén, Cajamarca) fueron injustamente encarcelados, por varios meses, acusados de "terrorismo", por el sólo hecho de oponerse a las pretensiones de una empresa maderera sobre sus bosques de Podocarpus.

Aquella historia llegó a buen término.

Se comprobó la inocencia de esas personas. Se constató, también, cómo la corrupción de malos miembros de la Policía y funcionarios del ministerio de Agricultura permitieron que se perpetrara la injusticia. Ninguna autoridad, sin embargo, fue sancionada.

En el caso de la mina "Turmalina", ubicada en la sierra norte, las acusaciones de "terrorismo" fueron también utilizadas contra quienes se opusieron a que continuarán las actividades que tanta degradación ambiental trajeron a la zona. En ese caso, la corrupción de las autoridades también permitió que se cometan una serie de excesos, atropellando derechos básicos.

En un país como el Perú, donde no existe delito de opinión, la opinión "verde", sin embargo, ha sido condenada más de una vez durante el actual régimen. Quienes asumen la noble causa de la defensa de nuestras riquezas naturales y la integridad ambiental, quienes exigen responsabilidad a la empresa privada y seriedad a las autoridades, pagan el precio de la libertad.